El presidente Daniel Noboa Azin busca llevar nuevamente a las urnas una propuesta de reforma estructural del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), es decir, limitar las funciones a la entidad, juristas lojanos afirman que sería volver al pasado donde los partidos políticos elegían a las autoridades.
Circunstancias
La iniciativa del Ejecutivo llega tras un fallido intento de disolver esta institución y a tres años del rechazo ciudadano en el referendo promovido por Guillermo Lasso, que pretendía retirarle al organismo la facultad de designar autoridades de control.
El abogado el libre ejercicio, Iván Roldán Rogel, expresó a Diario Crónica que se requiere para una reforma a la Constitución, un referendo, porque es modificar la estructura del Estado. “En cuyo acto consulta a la ciudadanía si está o no de acuerdo. Ahora bien, es verdad el CPCCS ha tenido graves falencias, incompetencias y problemas, en base aquello pretenden disminuir sus competencias”.
Efectivamente, es posible, “pero lastimosamente caeríamos en una nueva trampa política de destinación de autoridades de control. Sin embargo, la efectividad ya fue analizada antes, en la Constitución de 1998, cuando el Congreso Nacional era parte de una “troncha”, es decir, del reparto y particularmente de una venta descarada de los cargos en la función pública. Volver a ello significa retroceder la historia y observar el trueque, reparto y entrega de las instituciones de acuerdo a la conveniencia del Presidente de la República”, afirmó.
En cambio, el abogado en libre ejercicio Luis Cuenca Medina, acotó a Crónica que el Gobierno Nacional está empeñado en que regresemos al pasado y uno de esos escalones es de devolverle la facultad que tenía en ese entonces el Congreso Nacional para designar a las autoridades de control, entre estos, a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, lo cual llevaría al reparto de los cargos por los partidos y movimientos políticos.
“Recordarán que inclusive hubo un tiempo en que una autoridad mostró el listado de los magistrados -sin que se haya consultado absolutamente a nadie- y fue aprobado por mayoría”, añadió.
Buscar el cambio debe ser para bien y dar un giro a la expectativa que generó el Consejo de Participación Ciudadana, reemplazar con otro mecanismo mucho más idóneo que permita que la ciudadanía establezca los pros y los contras de las personas que aspiran a ocupar algún puesto de dignidad a nivel nacional o de control.(I).
Tomado de Diario CRÓNICA/Loja
